Los parados mayores de 52 que cobran el subsidio seguirán cotizando más que quienes trabajan por el salario mínimo
ECONOMÍA
Mantendrán una aportación a la Seguridad Social del 125 % de la base mínima, como exigía Podemos para convalidar el decreto
09 may 2024 . Actualizado a las 09:28 h.Los parados mayores de 52 años que hayan agotado la prestación contributiva y estén percibiendo el subsidio por desempleo seguirán cotizando para su futura jubilación por un 125 % de la base mínima de cotización. Así lo han acordado el Gobierno y los sindicatos para blindar el pacto firmado este miércoles y asegurar la convalidación del decreto durante el trámite parlamentario.
La sobrecotización de los perceptores del subsidio por desempleo mayores de 52 fue uno de los caballos de batalla entre los Ministerios de Trabajo y Economía durante la negociación del primer decreto, aprobado el pasado mes de diciembre y que el Congreso no convalidó. La entonces vicepresidenta primera, Nadia Calviño, logró introducir en el texto un recorte progresivo de esa cotización adicional de cinco puntos cada año hasta dejarlo en el 100 % de la base mínima en el 2028.
Economía justificó que el acusado incremento del salario mínimo interprofesional, que ha subido un 54 % desde el 2018, ya no hacía necesario hacer aportaciones adicionales por estos parados más cercanos a la edad de jubilación, ya que sus pensiones no se veían penalizadas en la misma medida en la que lo hacían cuando el SMI se situaba en los 735,9 euros. Al tiempo, entendía que se eliminaba un incentivo a seguir cobrando el subsidio (en muchos casos empleado como un puente para el retiro tras despidos colectivos o bajas incentivadas para el personal de mayor edad de algunas empresas) y se contribuía a frenar el creciente gasto en pensiones.
Sin embargo, la medida fue atacada por algunas formaciones como un recorte a los parados de más edad, y de hecho fue el argumento que utilizó Podemos para justificar su voto negativo al anterior decreto, que no salió adelante por el rechazo de los morados y los diputados del PP y Vox.
Para atar el apoyo de los de Ione Belarra y garantizarse la convalidación en el Congreso, el Gobierno y los sindicatos han decidido mantener esa sobrecotización que en la práctica provoca que una persona mayor de 52 años que esté en paro y cobre el subsidio cotice por más que otra (aunque sea de la misma edad) que está trabajando pero cobrando un sueldo en el entorno del salario mínimo. Así, frente a los 1.323 euros al mes por los que cotizan para la jubilación los trabajadores en activos que perciben el SMI, un desempleado que reciba el subsidio cotiza este año por 1.653,75 euros mensuales (un 80 % más que los 919,9 euros por los que cotizaban en el 2018). En este último caso, la factura la asume el Estado.
Transición al empleo
Quizás consciente de esa desigualdad, y del desincentivo que supone la medida para la búsqueda de un empleo, el secretario general de UGT explicó este miércoles que seguirán reclamando que los perceptores del subsidio que encuentren un trabajo puedan mantener esa sobrecotización si el salario del nuevo empleo es inferior al 125 % del sueldo mínimo.
El retraso en la reforma frenaba el cuarto pago de los fondos europeos
Rubricado el acuerdo con los sindicatos, llega el momento de que la maquinaria legislativa eche a andar para llevar la reforma del subsidio por desempleo al Boletín Oficial del Estado. La urgencia es máxima, y no por la situación precaria de los parados que viven de esta ayuda, sino porque este cambio legal es uno de los comprometidos con Bruselas dentro del plan de recuperación y de él depende el desembolso del cuarto tramo de los fondos europeos.
La urgencia del Gobierno para acelerar este pago, que lleva bloqueado desde diciembre, explica por qué la reforma se va a tramitar por decreto, tal y como desveló este miércoles Pepe Álvarez. Y es que ese cuarto desembolso de fondos, que debería haberse solicitado a mediados del año pasado, no se pidió hasta finales del 2023 por el retraso legislativo que causó la convocatoria de elecciones generales. Luego, el rechazo del Congreso a convalidar la modificación del subsidio obligó al Gobierno a negociar con la Comisión un retraso en la evaluación del cumplimiento de objetivos. Así, en marzo se concedieron dos meses adicionales de margen, que vencen el próximo día 20, por lo que de no concluir el trámite de la reforma España se enfrenta a un embargo parcial de parte de esos 10.000 millones de euros que le corresponden y al señalamiento público por incumplir parte de sus compromisos.